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jueves, 20 de enero de 2011

Ley de Gestión de Emergencias de Andalucía 2/2002

·                El objeto de ésta es regular la gestión de las emergencias en Andalucía tanto en situaciones que comporten un grave riesgo o catástrofe colectiva como en situaciones que, aun no siendo catastróficas, requieren para su resolución la participación de varios servicios operativos.

·                Las Administraciones Públicas garantizarán la protección física de las personas y de los bienes, y los ciudadanos tendrán derecho a recibir información sobre los riesgos que pueden afectarles y las medidas de autoprotección que deben adoptar, así como podrán participar de la protección civil a través de las Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil u otras formas al efecto.

·                Las personas mayores de edad y las personas jurídicas, públicas y privadas, cuya actividad pueda desencadenar una situación de emergencia, están obligadas a informar de ello a las autoridades competentes y a adoptar las pertinentes medidas de autoprotección.

·                A los medios de comunicación se les confiere por su parte el deber de transmitir a la población, avisos e instrucciones dictadas por Protección Civil, indicando la autoridad de la que emana dicha información.

·                Previsión. Se encomienda a las Administraciones Públicas la elaboración de unos mapas de riesgos en los que figuren las posibilidades de aparición de los distintos riesgos en las zonas geográficas objeto de la planificación.

·                La prevención se efectuará estableciendo en primer lugar un catálogo de actividades humanas que sean susceptibles de generar algún riesgo, quedan fuera los riesgos estrictamente naturales.

·                Planificación. Recoge la misma tipología que la establecida en la Norma Básica y añade además los planes sectoriales.

·                Será el Plan Territorial de Emergencias de Andalucía, en calidad de Plan Director, el que actuará como marco integrador de todos los restantes.

·                Los municipios con más de 20.000 habitantes de disponer de un servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento.

Competencias de la Junta de Andalucía en materia de Protección Civil

La Junta de Andalucía aprueba el Decreto 214/1987 donde se regulan las competencias de la Comunidad Autónoma en este campo. En él se otorga al Consejero de Gobernación la dirección única y la responsabilidad de coordinar todos los recursos humanos y materiales de la Junta de Andalucía.

Las competencias siguientes:
  1. Elaboración del inventario de riesgos que pueden afectar a Andalucía.
  2. Confección del catálogo de medios y recursos movilizables.
  3. Organización y dirección del Centro de Coordinación Operativa.
  4. Dirigir la confección de los Planes de Protección Civil de Andalucía.
  5. Solicitar la colaboración y asesoramiento de las demás Consejerías.
  6. Asegurar y ayudar a los Ayuntamientos en la prevención y atención de emergencias.

Real Decreto 1378/1985 sobre medidas provisionales ante situaciones de emergencia

Con carácter general, este decreto atribuye a la Protección Civil las siguientes actuaciones:
  1. Disponer de un sistema de transmisiones que asegure la comunicación entre organismos y servicios.
  2. Informar a la población.
  3. Protección, rescate y salvamento de las personas y sus bienes en la zona siniestrada.
  4. Asistencia sanitaria a las víctimas.
  5. Atención social de los damnificados.
  6. Rehabilitación de los servicios públicos esenciales.

La Norma Básica de Protección Civil

En el Real Decreto 407/1992 por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil se establecen claramente las cinco funciones que asumirá este servicio público, a saber:

·                Previsión, consistente en el análisis de los riesgos, su naturaleza y sus consecuencias.

·                Prevención, para adoptar las medidas necesarias con el fin de evitar o reducir los riesgos y sus efectos.

·                Planificación o establecimiento de las líneas de actuación, para afrontar adecuadamente las situaciones de emergencia aun antes de declararse.

·                Intervención, que es el conjunto de actuaciones encaminadas a socorrer y proteger a las personas y sus bienes.

·                Rehabilitación o restitución de los servicios públicos básicos e imprescindibles para la comunidad.

Los Planes Territoriales tienen la misión de hacer frente a las emergencias de carácter general que puedan declararse en una Comunidad Autónoma o en un ámbito territorial inferior. En caso de que una situación de emergencia acabe por desbordar la capacidad de respuesta de un ámbito territorial o ésta exceda de sus competencias, se irán activando inmediata o sucesivamente los planes territoriales de ámbito superior.

El objeto de los Planes Especiales es hacer frente a los riesgos específicos de distinta naturaleza, ya sean éstos de orden tecnológico, antrópico o natural.
·                Emergencias nucleares
·                Situaciones bélicas
·                Inundaciones
·                Sismos
·                Accidentes químicos
·                Transporte de mercancías peligrosas
·                Incendios forestales
·                Erupciones volcánicas

Los derivados de situaciones bélicas y de accidentes nucleares estarán siempre regidos por el interés nacional, y su planificación corresponderá por tanto al Estado. Pasarán a denominarse Planes Básicos, dejándose la consideración de planes Especiales para los casos restantes.

Ley 2/1985 sobre Protección Civil

·                Se define como la protección física de las personas y de los bienes, en situación de grave riesgo colectivo, calamidad pública o catástrofe extraordinaria, en la que la seguridad y la vida de las personas pueden peligrar y sucumbir masivamente.

·                Garantiza el derecho a la vida y a la integridad física manifestada en el artículo 15 de la Constitución Española.

·                Protección Civil es un servicio público que no sólo es competencia de la Administración Civil del Estado, sino también de las demás Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias. Su labor es la de organizar los recursos humanos y materiales disponibles para hacer frente de la manera más eficaz y rápida posible a las solicitudes de emergencia, sea cual sea la titularidad de sus recursos.

·                No sólo se implica a las Administraciones Públicas sino también a las empresas públicas y privadas y a todos los ciudadanos mayores de edad, teniendo en cuenta que ante un suceso catastrófico la población dependerá de sí misma en los momentos inmediatamente posteriores a tal suceso.

·                Cultura de la seguridad, en el artículo 4.4., obliga a todos los residentes en territorio español a colaborar desinteresadamente y sin derecho a indemnización o contrapartida económica en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.

·                La prioridad de la Protección Civil es la de estudiar y prevenir las fuentes de riesgo que pueden desencadenar en un suceso calamitoso con el fin de evitar que éstos ocurran.

·                Norma Básica. Esta norma habrá de contener las directrices esenciales que regirán la estructura y elaboración de los planes de ámbito territorial y los planes especiales por tipos de riesgos. Todos estos planes deben acomodarse a esas directrices esenciales que se establezcan en la Norma Básica; de lo contrario no podrán ser homologados.

·                En base a esas directrices básicas de planificación se elaborarán y aprobarán:
Los planes municipales
Los planes supramunicipales, insulares y provinciales
Los planes de Comunidad Autónoma